El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami }presentó este lunes una denuncia administrativa ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, contra el Ministerio Público y varios de los fiscales que intervinieron en el caso SQM, apuntando a “graves irregularidades y persecución penal selectiva con criterios políticos”.
La acción, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, solicita que se abra una investigación disciplinaria sobre el actuar de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la fiscal adjunta Paola Castiglione, y otros persecutores, entre ellos Pablo Gómez Niada, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
“No se trata de una revancha. Se trata de verdad institucional. Lo que queremos es que el Ministerio Público se haga responsable de once años de persecución injusta. Lo hacemos por Chile, para que ningún ciudadano vuelva a vivir algo así”, señaló Enríquez-Ominami tras ingresar la denuncia.
“Fue un uso político del derecho”
Enríquez-Ominami afirmó que el objetivo de esta acción es determinar quién tomó las decisiones que permitieron extender el caso por más de una década y destinar más de $5.000 millones de pesos en recursos públicos a una investigación que, según el fallo absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, carecía de fundamento.
“Frente a hechos idénticos, a mí se me aplicó un criterio distinto. Eso no es justicia, es sesgo. Fue un uso político del derecho, y el derecho nunca puede usarse para castigar políticamente a alguien”, enfatizó.
El candidato independiente sostuvo que 28 fiscales participaron en distintas etapas del caso, lo que calificó como “una falla estructural del sistema” que requiere revisión profunda del funcionamiento del Ministerio Público.
Responsabilidades internas y control jerárquico
El escrito de 47 páginas acusa falta de control jerárquico, filtraciones de información reservada, formalizaciones sin querella del SII y dilaciones deliberadas del juicio, lo que habría configurado un patrón de actuaciones “contrarias a la objetividad, la legalidad y la igualdad ante la ley”.
“Queremos saber quién digitó este caso, quién autorizó las filtraciones y quién permitió que se dilatara durante once años. El Ministerio Público debe rendir cuentas ante la ciudadanía”, subrayó.
Enríquez-Ominami precisó que su presentación no busca beneficios personales, sino abrir un debate sobre la responsabilidad institucional y la transparencia de la fiscalía.
“El Ministerio Público no puede ser juez y parte, ni operar sin control. No pido reparación, pido verdad. Quiero saber quién fiscaliza a los fiscales”, agregó.
Primera de varias acciones
La denuncia marca el inicio de una ofensiva judicial más amplia. El candidato confirmó que presentará nuevas acciones en los próximos días para indagar el origen y manejo del caso, que lo mantuvo con restricciones durante más de una década.
“Esta es la primera denuncia. Habrá una segunda el jueves. Queremos que el Fiscal Nacional investigue y enderece el rumbo de una institución que perdió credibilidad. Chile necesita una Fiscalía imparcial, eficiente y sujeta a control público”, sostuvo.
Una denuncia por la verdad institucional
Con esta acción, Marco Enríquez-Ominami busca cerrar el ciclo judicial del caso SQM y, al mismo tiempo, abrir una discusión sobre la rendición de cuentas del Ministerio Público, cuestionado por su falta de controles internos y por investigaciones que, en sus palabras, “han dañado la confianza en la justicia chilena”.
“No lo hago por mí, sino por Chile. Once años de persecución no se borran, pero pueden servir para cambiar lo que no funciona. La verdad es el cambio”, concluyó.
