Cumpliendo con lo que había anunciado días atrás, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó este lunes ante la Fiscalía Nacional una denuncia administrativa contra los fiscales que llevaron el caso SQM, acusando una “persecución penal selectiva con criterios políticos” que se extendió por casi once años.
El escrito, de 47 páginas, fue ingresado por sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz y dirigido al fiscal nacional Ángel Valencia. En él, la defensa solicita que se determinen responsabilidades administrativas y posibles sanciones contra las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione, además de otros persecutores que ya no pertenecen al Ministerio Público.
“La Fiscalía tiene que hacerse responsable. Quiero saber quiénes inventaron el caso, que entreguen los e-mails y comunicaciones internas. A otros líderes políticos los sacaron de las causas, pero conmigo hubo sesgo: dijeron solo Marco”, sostuvo el candidato al presentar la denuncia.
Los ocho hechos denunciados
El documento expone ocho hechos concretos que, según la defensa de Enríquez-Ominami, prueban que el Ministerio Público actuó con discriminación y falta de objetividad, vulnerando principios básicos de legalidad e igualdad ante la ley.
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Filtraciones de información reservada:
Se acusa a los entonces fiscales Emiliano Arias, Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione de permitir o no impedir la difusión de antecedentes confidenciales del caso hacia la prensa, afectando la imparcialidad del proceso. -
Decisiones arbitrarias y discriminatorias:
ME-O sostiene que, tras el rechazo de los desafueros de los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, el Ministerio Público debió cerrar la investigación o aplicar el mismo criterio en su caso, lo que no ocurrió. -
Formalización sin querella del SII:
El documento recalca que Enríquez-Ominami fue formalizado por delitos tributarios sin una querella del Servicio de Impuestos Internos, condición esencial para este tipo de delitos. -
Deficiente redacción de la acusación:
La denuncia acusa negligencia técnica y falta de control jerárquico, lo que habría derivado en contradicciones internas y una acusación “mal formulada” que afectó su derecho a defensa. -
Falta de control jerárquico:
Se señala que la fiscal regional Claudia Perivancich no ejerció una supervisión efectiva sobre su equipo, manteniendo una investigación “ineficiente y carente de rigor”. -
Dilación y engaño al tribunal:
El texto denuncia una extensión deliberada del juicio sin fundamentos jurídicos, lo que —según la defensa— transformó el proceso en una “pena anticipada”. -
Desproporción entre esfuerzo fiscal y resultados:
Se cuestiona que el Estado gastara $5.000 millones de pesos en una investigación que, finalmente, terminó con una absolución total. -
Persecución dirigida y sesgo político:
Enríquez-Ominami argumenta que el caso fue usado como herramienta de desprestigio político y mediático, vulnerando su derecho a competir en igualdad de condiciones.
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“Los fiscales sabían que no había delito. Sin embargo, prolongaron la causa por más de una década, afectando no solo mis derechos, sino también la confianza de los chilenos en la justicia”, afirmó el candidato.
Responsabilidades y pedido de transparencia
La acción busca que el fiscal nacional determine si existió negligencia, abuso de poder o manipulación institucional durante la investigación.
La defensa también solicitó acceso a los correos electrónicos y comunicaciones internas entre los fiscales, para identificar la trazabilidad de las decisiones adoptadas.
“Los fiscales de la República buscan la verdad. Yo quiero la verdad de los fiscales”, reiteró Enríquez-Ominami.
“No lo hago por mí, lo hago por Chile. No puede volver a pasar que se gasten 100 viviendas en perseguir a alguien por razones políticas.”
El candidato enfatizó que su denuncia no persigue venganza, sino rendición de cuentas institucional: “No pido reparación, pido verdad”, declaró.
Contexto político y judicial
La presentación ocurre a menos de una semana del veredicto absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que cerró el proceso judicial más largo y costoso de la historia del Ministerio Público.
El tribunal cuestionó la falta de pruebas, los errores procesales y la extensión del juicio, marcando un duro golpe a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Con esta acción, Enríquez-Ominami inaugura una nueva etapa: la de exigir transparencia sobre las decisiones del Estado en causas de alto impacto político.
Su denuncia apunta a abrir un debate mayor sobre la independencia, los controles internos y la rendición de cuentas de los fiscales en Chile.
“Lo que pasó conmigo no puede volver a ocurrir. Once años de persecución y un expediente vacío son una vergüenza institucional. Chile necesita verdad para recuperar la confianza en la justicia”, cerró.
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