En la antesala de la entrevista realizada en el programa Todo va a estar bien de Vía X, el periodista Juan José Lavín realizó un inusual y enfático gesto televisivo al referirse públicamente al prolongado proceso judicial que enfrentó Marco Enríquez-Ominami, y al rol que cumplió el Ministerio Público en ese período.
Antes del ingreso del entrevistado al estudio, Lavín interrumpió la presentación habitual del programa para realizar lo que definió como un acto de “justicia”. En su intervención, recordó que las últimas campañas presidenciales de Enríquez-Ominami estuvieron marcadas por lo que calificó como un trato “absolutamente improcedente e injusto” por parte de la Fiscalía, subrayando que el candidato estuvo once años sometido a procesos penales que finalmente concluyeron con absoluciones totales.
El conductor aludió directamente a los fallos judiciales que exculparon a Enríquez-Ominami tanto en el caso SQM como anteriormente en el caso OAS, y enfatizó que situaciones de este tipo “no pueden volver a pasar”, apelando directamente a la audiencia.
Ya en el estudio, Enríquez-Ominami agradeció explícitamente las palabras del periodista, calificando el proceso vivido como un “calvario”, y valorando que el foco estuviera puesto no en su caso personal, sino en la necesidad de que este tipo de prácticas no se repitan en Chile. “Me importa mucho el nunca más”, señaló, dando por cerrado el punto desde lo personal.
Sin embargo, Lavín insistió en la relevancia pública del tema, vinculándolo al futuro institucional del país. En ese contexto, el candidato explicó que actualmente impulsa una denuncia administrativa para que se determinen responsabilidades por el uso de recursos públicos y las eventuales irregularidades cometidas durante la investigación en su contra. Según indicó, el objetivo de esta acción no es individual, sino evitar que otros ciudadanos enfrenten procesos similares.
Enríquez-Ominami recalcó que los once años de investigaciones y juicios no solo afectaron su vida personal, sino que tuvieron un impacto directo en su trayectoria política y en el debate público, instalando durante años una sospecha que la justicia terminó descartando. A su juicio, este tipo de situaciones dañan la confianza democrática y justifican la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema persecutor.
El momento televisivo marcó un punto poco habitual en la cobertura política: un reconocimiento explícito, desde un espacio mediático, del efecto que una persecución judicial prolongada puede tener sobre la democracia y la competencia política, más allá de los resultados electorales.
